Informe sobre la prescripción de plazos contractuales

La ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, viene a modificar el régimen de prescripción, que pasa de 15 a 5 años respecto del plazo general establecido para las acciones personales.  Este nuevo plazo afecta a acciones tales como aquellas derivadas del incumplimiento del contrato de obra o servicios que puede unir al arquitecto con el cliente o la acción por responsabilidad contractual ejercida por el propietario por entregarse la vivienda con vicios.

La modificación establecía una disposición transitoria disponiendo que “la prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuera puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo”.

Por tanto, conforme se ha venido manteniendo, cabe la siguiente interpretación:

  • Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005: se aplica el plazo de quince años que estaba previsto en el artículo 1964 del Código Civil.
  • Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015: la prescripción será el 7 de octubre de 2020.
  • Relaciones jurídicas nacidas a partir del 7 de octubre de 2015: se aplica el nuevo plazo de cinco años del artículo 1964 del Código Civil.

No obstante, con la declaración del estado de alarma y la aprobación del Real Decreto 463/20, de 14 de marzo, en virtud del cual se suspendieron los plazos de prescripción y caducidad, entendemos que deberemos esperar para la aplicación de ese plazo de prescripción.

De una interpretación literal, las acciones que prescribían el 7 de octubre de 2020, prescribirán en un plazo posterior que se extenderá 82 días, es decir, prescribirán el 28 de diciembre de 2020 -motivado por el Real Decreto 463/2020-, y ello siempre y cuando no se haya interrumpido el plazo de prescripción de las mismas, por ejemplo con la remisión de un burofax. Por tanto, habrá que estar atentos estos meses, toda vez que cualquier notificación que se reciba hasta aquella fecha, interrumpirá el plazo de prescripción y resultara dificultoso estimar aquella excepción.

Estamos ante un cambio sustancial, pues la reducción de quince a cinco años va a suponer en los próximos meses e incluso años que futuras reclamaciones pudieran verse desestimadas por la estimación de la excepción de prescripción, al igual que supuso la reducción de los plazos de garantía con la entrada en vigor de la LOE. No obstante, estaremos a la espera de las primeras y diversas interpretaciones que por parte de los tribunales de justicia puedan darse como consecuencia de la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad, alargando por ende la fecha para la estimación de aquella excepción.

 

Sara Martínez de Simón

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