Notas sobre la suspensión de los plazos administrativos

La situación actual que está padeciendo nuestro país, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, ha dado lugar a la declaración por el Consejo de Ministros del estado de alarma a través del RD 463/2020, vigente desde 14-03-2020, posteriormente modificado por RD 465/2020, con la aprobación de una serie de disposiciones excepcionales. Adicionalmente, se han aprobado algunas disposiciones específicas en sectores concretos (RDL 7/2020, RDL 8/2020, etc.), así como normas autonómicas de aplicación de aquellos reales decretos o de implantación en sus ámbitos propios de medidas determinadas.

 

De manera genérica voy a recoger algunas cuestiones por si fueran de interés:

 

Plano sustantivo. Real Decreto 463/2020, disposición adicional 4ª. Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren. Se suspende el curso de los plazos de prescripción y caducidad que puedan afectar a cualesquiera derechos y acciones, así como sus prórrogas.

 

Plano procesal. Real Decreto 463/2020, disposición adicional 2ª. Se acuerda la suspensión excepcional de términos y la suspensión e interrupción de plazos procesales. No obstante, conviene aclarar que en las diferentes jurisdicciones se establecen una serie de excepciones en las que los plazos no quedan suspendidos.

 

Plano administrativo. Real Decreto 463/2020, disposición adicional 3ª, redacción RD 465/2020. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento de pérdida de vigencia del Real Decreto citado o, en su caso, las prórrogas del mismo. No obstante, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

 

Se excluyen los procedimientos y resoluciones cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. Igualmente, se someten a norma específica los expedientes afiliación, liquidación y cotización de Seguridad Social y tributarios, sin que afecte este régimen, en particular, a los plazos para presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

 

Por ello, el Real Decreto ha provocado la suspensión de las actuaciones que haya que realizar en un día concreto o término y la paralización o interrupción de los plazos, que se reanudarán una vez queden sin vigencia las medidas adoptadas en este Real Decreto o en cualquiera de sus prórrogas.

 

Ahora bien, ante la incertidumbre o interpretación que pudiera hacerse de la redacción del articulado, con fecha 20 de marzo la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado ha dado respuesta a una consulta formulada sobre esta cuestión de la suspensión/interrupción. Se adjunta.

 

Igualmente, mediante Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en su disposición adicional octava, apartado 1, ha introducido una novedad que modifica lo anteriormente dicho para los procedimientos desfavorables o de gravamen para el interesado haciendo que este plazo sea de interrupción cuando se trate de impugnación.

 

"1. El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación".

 

Es decir, se interrumpe, en el sentido en que empieza a contar de cero, computándose a partir del día hábil siguiente a la finalización de dicho estado, con independencia del tiempo que hubiese transcurrido desde su notificación antes de que entrase en vigor la misma.

 

No obstante, insisto se trata de una especialidad para la interposición de recursos administrativos y otras acciones que los sustituyan en los procedimientos de los que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, es decir, no es carácter general para todos los procedimientos.

 

Pues bien, al objeto de evitar “sustos” antes las diferentes Administraciones, por la redacción que presenta dicho precepto, toda vez que puede dar lugar a equívocos, este precepto no va en la línea de cómo se cuenta el plazo establecido por meses en el art. 30.4 de la Ley 39/15 de procedimiento administrativo.

 

El cómputo de plazos en la Ley 39/15 de procedimiento administrativo, artículo 30.4, dice que "se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo" pero a continuación aclara que "el plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes".

 

Para entendernos, si tenemos que recurrir en alzada o reposición una resolución dictada en un procedimiento de gravamen o desfavorable tenemos por ley el plazo de 1 mes. El plazo se interrumpe, es decir, vuelve a contar de cero, por lo que volvemos a tener el plazo por completo.

 

Si el estado de alarma finaliza el domingo 26 de abril, el plazo empezará a contar a partir del día hábil siguiente, esto es, a partir del lunes 27 de abril, pero que ese sea el primer día del cómputo no quiere decir que deba acabar el día 27 de mayo, sino que acabará, a mi juicio, el día 26 de mayo (de una interpretación posible del decreto nos encontraríamos en cambio con un mes y un día, lo que no sería posible).

 

Este es el informe que emite la suscrita Asesora Jurídica de la Demarcación de Burgos, y que a otro más autorizado se somete, y sin perjuicio de que puedan ir saliendo nuevas notas e instrucciones sobre la interpretación de plazos, etc., y lo firmo en Burgos a 16 de abril de dos mil veinte.

 

Sara Martínez de Simón Santos